El Gobierno del PP no solo pasará a la historia por ser el Ejecutivo recortador de derechos, prestaciones sociales y podador del Estado del Bienestar. También se le recordará como el Gobierno central que más afrentas plantea contra una comunidad que intenta que la crisis no recaiga sobre los más necesitados y paliar lacras sociales que, como los desahucios, asolan a los ciudadanos. Pero por lo más que se le conocerá en el futuro es por haberse casado con los bancos y sus poderes inmobiliarios.
Rajoy y su Gobierno han decidido recurrir ante el Constitucional la norma andaluza denominada popularmente como “Ley Antidesahucios”. Es una norma, la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, que lo que pretende es “la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”.
El lema de Don Mariano parece ser “ Todo por la Banca “ más que todo por lo españoles. Ya a nadie se le oculta que lo que no le gusta al PP es que esta ley andaluza dañe los intereses de las entidades finacieras, a las que tanto defiende y da dineros, frente a los débiles y familias necesitadas que se ven de la noche a la mañana en la calle y despojados de sus casas.
La norma andaluza también recoge una nueva definición de viviendas deshabitadas y la “clasificación de infracciones muy graves” para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler. Y es ahí donde el PP quiere tumbar la ley. Un gobierno de derechas no puede permitir que una comunidad autónoma “atente” contra los intereses de la banca y ni mucho menos va a tolerar que se muestre ante la población española que otras políticas, en esta caso las del gobierno PSOE-IU andaluz, son posibles.
Aunque no por esperada, la decisión del Consejo de Ministro del viernes de recurrir la norma andaluza ha causado estupor y malestar. Los ministros, con Rajoy a la cabeza, aprobaron un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.
Los apartados impugnados por el Gobierno de Rajoy, para los que solicita la suspensión de la ley andaluza, son los relativos a la “declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social” y la “definición de viviendas deshabitadas” .
Ante este hecho el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de alinearse con la banca frente al pueblo. Valderas afirma que el Gobierno central “quiere acabar con las políticas alternativas de Andalucía a golpe de recursos”, y subraya que ante esta actitud “los andaluces no podemos callarnos”.
Con toda seguridad, el Gobierno ganará ante el Constitucional y dejará en la calle a los que tiene que defender ante una Banca depredadora y mimada por Rajoy y su tropa. ¿Hasta cuándo seguirá este gobierno tomando el pelo a los españoles?
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