El nuevo Código Penal que intenta sacar a la luz pública el ministro Gallardón introduce por primera vez la polémica figura de la prisión permanente revisable para los delitos más graves es, sin embargo, una oportunidad perdida para atajar de raíz los males endémicos de la corrupción política
UPyD, la Izquierda Plural y ERC, ayer le reprocharon al ministro la falta de acción en este ámbito, pese a la multitud de escándalos que han ido aflorando en los últimos años en partidos y sindicatos. Gallardón replica que las principales medidas contra la corrupción se abordarán en un próximo paquete de reformas impulsado por la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez y otros portavoces como Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, o Joan Tardà, de ERC, fueron también igual de contundentes al afirmar que este nuevo Código Penal es muy duro con algunas penas como la citada prisión permanente revisable, y, sin embargo, apenas ha tocado los aspectos de corrupción política.
Para Llamazares, se trata de un Código Penal “de clase” que no está frente a la corrupción”. “He oído esta mañana en los medios de comunicación que este Código Penal era contra la corrupción. ¡Por Dios! Dígame qué artículos utiliza usted en este Código Penal contra la corrupción”, reclamó desde la tribuna. “No hay nada contra la corrupción, nada; muy al contrario, el levantamiento de bienes está tratado prácticamente a la baja; muy al contrario, en la responsabilidad penal de sociedades ustedes quitan todo lo que se había incrementado en revisiones anteriores”, explicó.
Llamazares reprochó también que el texto quiera, incluso, exonerar a los partidos de las actuaciones individuales de algunos de sus miembros o cargos electos. “¿Qué dicen? Que si el partido político o la sociedad tienen un programa preventivo no hay responsabilidad del ente jurídico y no hay responsabilidad de la sociedad, hay responsabilidad personal. Para ese viaje no necesitábamos estas alforjas”, concluyó.
Tardà, por su parte, denunció que la reforma mantiene un “excesivo galantismo” para algunos delitos económicos relacionados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.
En su réplica a todos los grupos, Gallardón no pasó por alto las críticas en este aspecto y recordó que el Gobierno presentará, próximamente, un ambicioso paquete de medidas contra la corrupción, algunas de naturaleza administrativa y otras de carácter penal.
“En ese paquete es donde va la regulación del reproche que esta Cámara tiene que hacer a la corrupción política, pero carecería completamente de sentido que hubiésemos seccionado lo que tiene que ser un discurso con una parte administrativa y una parte penal, pero único, contra la corrupción”, explicó el ministro.
Lo cierto es que nos preguntamos: ¿Sacar un nuevo Código Penal que deja fuera la corrupción, para qué sirve?
Como todas las leyes que están legislando el gobierno del PP solamente se busca no tocar a aquellos que se enriquecen en sus cargos metiendo la mano en la lata de galletas y sin que las leyes no puedan meterle manos a ellos.
Y seguramente que ese discurso con una parte administrativa y una parte penal, pero único, contra la corrupción que nos avecina el ministro Gallardón se solucionará con una multa – según el dinero sustraído – y nada de juicios y cárceles que dan una mala imagen.
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