Un año fatídico en el PP por los casos de corrupción de muchos de sus militantes y altos cargos que han convertido 2013 en un calvario para el Presidente Rajoy y sus muchachos. Han sido tan sonados estos casos que todavía para muchos dirigentes se está esgrimiendo la espada de Damocles sobres sus cabezas.
Una fecha que no podrán olvidar los militantes y dirigentes del PP es la del día 16 de Enero de 2013, día que salió a la luz pública que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, había llegado a acumular hasta 22 millones de euros en un banco suizo, el Dresdner Bank. Esa información se conoció a raíz de que las autoridades helvéticas remitieran al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la información solicitada sobre el hombre que durante dos décadas había gestionado el dinero en el Partido Popular. Esta bomba, dejó sin aliento a muchos gestores del PP que de entrada culparon a Bárcenas de ladrón y de no saber de dónde había sacado ese dinero. Dinero que en este años ha aumentado hasta el extremo de que se dice que puede tener en bancos de varios países y paraísos fiscales más de cincuenta millones.
El PP intentó desvincularse de Bárcenas en cuanto supo la noticia, pero el tesorero no iba a permitir que le dejaran caer. Pidió auxilio en su partido, pero la secretaria general, María Dolores de Cospedal, decidió que era el momento de que el extesorero se enfrentara solo a sus líos judiciales. A pesar de que Bárcenas había dejado de ser tesorero del partido de manera oficial cuando estalló el caso Gürtel, seguía trabajando para la sede de la formación, donde disponía de un despacho y recibía una remuneración. Según el PP, le liquidó y despidió inmediatamente tras conocer la información de Suiza. Bárcenas ya no era uno de los suyos. Cosa que no fue del todo cierto, ya que se ha sabido posteriormente que Bárcenas estuvo cobrando y cotizando para la Seguridad Social hasta mucho más tarde de ña fecha que aseguró la Secretaria General.
Lo que no calcularon era la información de la que disponía el extesorero y cómo la iba a utilizar en contra del partido. Sólo Bárcenas sabe por qué, pero lo cierto es que quince días después el diario El País daba a conocer la contabilidad B del PP desde 1990, los apuntes que el tesorero fue elaborando durante todo este tiempo con el dinero que empresarios habrían entregado fuera de las donaciones oficiales recogidas en el Tribunal de Cuentas y los sobresueldos que dirigentes de la formación habrían recibido fuera de su remuneración oficial.
Barcenas en principio negó la autoría de esos apuntes, pero, cuando vio que Ruz asumía la investigación y le imputaba, cambió de estrategia. En este último año sus visitas a la Audiencia Nacional han sido periódicas. Hasta en cinco ocasiones le ha citado el instructor para hablar de la contabilidad B del partido, por un lado, y de su dinero en Suiza, por otro. El magistrado imputó también a ocho empresarios que habrían entregado dinero al PP de manera ilegal, entre ellos Villar Mir (OHL) y Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso).También desfilaron una serie de dirigentes populares que habrían recibido dinero y que declararon como testigos, entre ellos el navarro Ignacio del Burgo, el presidente del Senado, Pío García Escudero, o el diputado Eugenio Nasarre. Algunos reconocieron esos pagos, otros lo desmintieron.
Bárcenas volvió a cambiar su estrategia. Cambió de abogado y eligió a Javier Gómez de Liaño. De su mano, reconoció que él había escrito esos apuntes contables, que eran ciertos y que él mismo había entregado, entre otros, a Cospedal dinero de la caja B. Una de las personas de mayor confianza de Génova se había convertido en el gran traidor y quería tirar por tierra los cimientos del partido.
Cospedal presentó una demanda contra Bárcenasl en Toledo por atacar su honor, demanda que ha perdido. La exministra Ana Palacio también se querelló contra él, pero un juez de Madrid no la admitió a trámite. Y el PP y varios de sus dirigentes presentaron otra demanda en los juzgados madrileños, que está pendiente de resolución. Dentro de este juego, el partido entregó a Ruz, por orden de éste, los dos ordenadores utilizados por Bárcenas, ahora bien, vacíos y sin discos duros.
Y cuando el PP se las prometía felices con Bárcenas en la cárcel, aparece un nuevo chanchullo. En varios de los apuntes de los papeles aparece como receptor de 888.000 euros Gonzalo Urquijo, el arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede en la madrileña calle Génova. La falta de diligencia por parte del PP, que no ha entregado toda la documentación requerida por el juez y éste se ha dado cuenta, ha provocado que a menos de quince días de acabar el año, Ruz haya tenido que verse en la obligación de ordenar a la Policía entrar en su sede y recuperar toda la información que sea de utilidad para la causa, acabando así con las perspectivas más optimistas del PP.
Un masazo en la credibilidad de los dirigentes del PP, más cuando en ese registro que Rajoy ha llamado colaboración con el juez, los ordenadores estaban manipulados y eliminadas sus memorias, con lo que las pruebas que pudieran existir sobre pagos en B, quedaron borradas.
Pero no es el asunto de Bárcenas el que ha puesto en entredicho al PP, existen muchos más, destacando el tema de Jaume Matas .Este asunto, conocido como el caso de los 'papeles de Bárcenas', ha hecho desfilar por la Audiencia Nacional a dirigentes 'populares' como Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Jaume Matas. También ha tenido que declarar, en este caso por la pieza principal de Gürtel, Esperanza Aguirre, para aclarar su conocimiento de la adjudicación de contratos por parte de la Comunidad de Madrid cuando ella era presidenta a la trama de Correa. En este caso también ha sido muy sonado el nombre de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por los regalos recibidos por las empresas de Correa,como viajes a Euro Disney, artículos de Louis Vuitton o fiestas de cumpleaños pagadas.
Pero este no ha sido el único quebradero de cabeza de Rajoy. La justicia ha condenado a dos de sus dirigentes, el expresidente balear, Jaume Matas, y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ambos con un pie en prisión por hechos relacionados con la corrupción durante su mandato. La única opción que les queda es recibir el indulto, una medida de gracia que, a priori, el Gobierno no tiene intención de aplicar porque si la aplicara demostrarían a todos los españoles que estos corruptos confesos tenían la bendición del partido para cometer sus tropelías.
No podemos olvidar a los valencianos Rita Barberá y Francisco Camps que han estado a punto de ser imputados por el 'caso Nóos', cuyo mayor implicado es el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin.
Y para terminar el año, una jueza ha imputado a Lourdes Cavero, la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un posible delito fiscal y otro de blanqueo en la compra de un ático en la costa Malagueña y ha puesto en el disparadero a su marido, cuya gestión también está en entredicho por la privatización de tres hospitales madrileños, una investigación en la que están imputados los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamelas.
Una larga lista que pone al PP en entredicho cuando trata de sacar adelante una ley anticorrupción y tiene a cientos de cargos en los juzgados de toda España pendientes de juicios por haberse aprovechado de sus cargos creyéndose dioses del Olimpo.
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