El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado que el Gobierno está ultimando la reforma de la Ley del Aborto, que será presentada al Consejo de Ministros "antes de que termine el mes de octubre", y ha garantizado que respetará el "discurso histórico" del PP sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
"No va a haber ningún tipo de bandazos del PP", ha afirmado en una entrevista a RNE. Así, ha subrayado que el partido ya definió "los criterios del PP en relación con la regulación del aborto" en el recurso a la vigente ley, aprobada por el anterior Ejecutivo, que presentó ante el Tribunal Constitucional y se va a mantener sus "compromisos".
En este sentido, aunque no ha concretado las novedades del proyecto de ley, ha indicado que "no se distancia de lo que ha sido el discursos tradicional en defensa de la vida y los derechos de la mujer del PP, que además se adecúa a la doctrina del Tribunal Constitucional".
Asimismo, ha negado que haya divergencias en el Gobierno sobre la reforma. "No tenga ninguna duda de que será un proyecto asumido, respaldado por el Gobierno en pleno", ha apuntado.
Pero el recurso de inconstitucionalidad de 2010 —que es el que, según insistió Gallardón, “plasma a efectos jurídicos” la posición de su partido— dice algo más. Considera que el supuesto de aborto por malformación fetal supone una “discriminación” entre individuos sanos y enfermos, y que eso “no puede admitirse”. “No parece que resulte conforme mantener un supuesto de despenalización del aborto que claramente distingue entre vidas más o menos valiosas y del que, además, se ha hecho una aplicación eugenésica en el peor sentido de la palabra (por ejemplo, ya no nace el 90% de los niños con síndrome de Down que nacía hace unos años)”, rezaba aquel recurso, abogando implícitamente por la eliminación del supuesto.
El supuesto de malformación fetal fue avalado por el Constitucional en 1985; el PP, sin embargo, sostenía en ese recurso de 2010 que la situación ha cambiado porque ahora hay una Ley de Dependencia para ayudar a los discapacitados y a sus familias.
Gallardón siempre ha sido ambiguo en este aspecto del supuesto de malformación fetal. Primero dijo que lo eliminaría, luego cambió la palabra “malformación” por “discapacidad”. Y en mayo sugirió que la ley hará una distinción entre las malformaciones gravísimas y la “discapacidad”, aunque no explicó qué entiende por discapacidad. De los 118.359 abortos que se produjeron en 2011 en España, solo el 3% (unos 3.600) fueron por problemas de salud del feto; de estos, 356 entraban en la categoría de anomalías gravísimas e incurables.
Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), subrayó su “oposición” a que se establezcan categorías de malformaciones, siendo unas motivo de aborto y otras no. “Solo una mujer sabe si puede afrontar la enfermedad del hijo, si es compatible con su vida, independientemente de la gravedad”, opinó.
Barambio consideró que la nueva ley en los términos conocidos, “nos saca de Europa”. “Las españolas serán mujeres de segunda y se tendrán que marchar fuera del país para abortar”, dijo. En este sentido, Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) señaló que “habrá desigualdades entre las mujeres que se puedan costear el viaje al extranjero y las que no. Como hace 40 años”. Algo que no ocurre, dijo, con la actual ley, “que se adecúa al entorno europeo”. Por su parte, asociaciones antiabortistas, como el Foro de la Familia y Derecho a Vivir, abogaron por el “aborto cero”. Así, el portavoz de esta segunda organización, Gádor Joya, pidió la supresión de los supuestos de riesgo para la madre, que calificó de “coladero”, así como el de malformación del feto en algunos casos.
En cuanto a futuras movilizaciones contra la nueva ley, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, anunció que su formación defenderá “la actual regulación utilizando todos sus recursos para que esta reforma no se lleve a cabo”. Barambio cree que todavía es pronto para definir una agenda de acciones. Una de las que barajan es “dejar de practicar abortos durante unos días antes de la aprobación. Para que se vean las consecuencias negativas y la gente se movilice contra la reforma”, explicó el presidente, que puntualizó que una medida así tendría que ser aprobada por la Asamblea de la organización.
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