OBISPOS Y ENSEÑANZA.

No han tardado casi nada para que la Iglesia de este país se haya posicionado al lado de aquellos que atacan la nueva Ley de Educación de la ministra Celaá.

Esta vez ha sido el turno de los obispos, asegurando que limita el artículo 27 de la Constitución: “El verdadero sujeto de la educación es la sociedad.

Hemos mirado el Articulo “7 y en ninguno de los diez apartados vemos lo que afirman estos obispos. Vena lo que dice el artículo 27 de nuestra Constitución:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

 Y continúan los obispos con su crítica: “No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad. Insistir en que se ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal como se explicita en el artículo 27 de la Constitución. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades. Parece que fuerza la interpretación constitucional de este artículo 27”.

Nos parece que si bien es verdad que en algo tienen razón, no la tienen en todo ese articulo 27 y ellos lo saben, pero aprovechan el momento para crear dudas entre los padres, entre los profesores y en la opinión publica que estará pensando en que se ha impuesto una ley injusta con aquellos españoles que han escogido una enseñanza privada o concertada en contra de una enseñanza pública.