Existe un dicho muy popular que
dice:” El que es de Ley a casa vuelve” y se le podía aplicar a Albert Rivera
que se ha comprometido a dar sus servicios a sus antiguos compañero del Partido
Popular por intermediación del presidente del partido el Sr Pablo Casado, para recurrir
ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres, que pone
un tope en el precio de los alquileres en la región. En concreto, el PP
habría contratado al exdirigente naranja, en la actualidad abogado en el bufete
Martínez-Echevarría & Rivera, para la elaboración del texto que los
populares pretenden llevar ante el órgano de control constitucional.
Cabe recordar que el Parlament
aprobó esta ley a comienzos de septiembre, con 71 votos a favor (JxCat,
ERC, los comuns y la CUP) y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, los
dos diputados de Demòcrates y los cuatro diputados del PDECat).
Se pretende limitar el
precio de los alquileres en 60 municipios catalanes que cumplan alguno de
los siguientes requisitos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente
superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler
en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales,
y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.
De esta manera, la ley obliga a que los
contratos de alquiler no puedan superar el precio del último contrato ni la
media del precio de los alquileres de la zona –las viviendas de obra nueva
quedarían excluidas de esta normativa
Y será el Hijo Pródigo el Sr.
Rivera el que intentará sacar las castañas del fuego a sus antiguos compañeros
de partido y quien sabe si en un futuro no vuelvan a ser sus compañeros en las
listas del PP.
La ley obliga a que los contratos
de alquiler no puedan superar el precio del último contrato ni la media del
precio de los alquileres de la zona –las viviendas de obra nueva quedarían
excluidas de esta normativa-.
La ley ya nació con el rechazo
frontal de los empresarios catalanes y el sector inmobiliario, quienes ya
advirtieron a la Generalitat que carecía de competencias para llevar a cabo
dicha normativa. “Como han señalado diferentes organismos internacionales y el
Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una
reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda de alquiler”,
denunció en su momento Asval, principal asociación empresarial del área de
viviendas de alquiler.
Rivera tiene ahora la posibilidad
de hacer un servicio al PP y si tiene suerte y el Tribunal Constitucional le
diera la razón podría el PP agradecérselo dándole un carnet nuevo por sus
servicios.
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