Con la orden
ministerial publicada en el BOE, sobre los planes de control de: los
bulos. Las definiciones de la Real Academia, de la gestión de las filfas ha traído
como consecuencias la polémica sobre la libertad de expresión y
mucho menos que eso se convirtiera en una potencial arma de la oposición para
abundar en el debate sobre calidad democrática ante las autoridades europeas.
La oposición ha puesto el grito en el cielo ante una orden
ministerial que tiene un efecto fáctico relativo e incluso inexistente sobre el
ejercicio de la libertad de expresión, pero cuya música ha sonado a control de
la información y censura.
. La preocupación al
respecto en Bruselas viene de atrás, y se intensificó tras el peso probado que
los embustes de libre y florida circulación tuvieron en el referéndum del
Brexit.
La orden ministerial no es mucho más que una instrucción interna para que
todos los departamentos del Ejecutivo, a través de un comité que se crea al
efecto, estén atentos a las noticias falsas o bulos de riesgo –como, por
ejemplo, los que atañen a la salud o a la seguridad nacional–, los monitoricen
y activen mecanismos de respuesta, consistentes en difundir información veraz
que contrarreste los bulos.
. El líder del PP, Pablo Casado, avisó que convertirá el asunto en
un debate sobre la calidad democrática española en Europa, como el de la
renovación del Poder Judicial, en un momento en el que el Ejecutivo no contaba
con librar esta batalla. Y Vox y Ciudadanos, por boca de sus líderes, Santiago
Abascal e Inés Arrimadas, coincidieron con el PP en tildar la medida de
“ministerio de la verdad”.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Nemesio Rodríguez, expresó su preocupación ante el hecho de que
un comité en el Gobierno vigile las filfas: “¿Cómo van a actuar? ¿Qué van a
hacer si un medio o un partido político ponen en marcha una campaña de
desinformación? ¿Habrá sanciones?”, se preguntan.
Según se puede leer
en el BOE, eso no mitigó su preocupación. La Asociación de la Prensa de Madrid
incidió en la interpretación de la FAPE. Su presidente, Juan Caño, en
declaraciones al diario madrileño Abc dijo
que teme que el organismo gubernamental “funcione más como censor que como
garante de la verdad”. La Asociación de Medios Independientes (AMI) también
mostró su preocupación.
Desde la judicatura, igualmente levantaron la voz contra la medida.
Organizaciones gremiales como la Asociación Profesional de la Magistratura, la
Francisco de Vitoria o el Foro Judicial Independiente, tildaron de
“inquietante” la orden ministerial, no tanto por lo que dice –que,
coincidieron, no afecta a libertades y derechos– como lo que entienden que
sugiere, un control administrativo de la información.
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