“En la actual fase de instrucción”, señaló el juez en su último auto judicial, “la autoría [de los papeles de Bárcenas] por parte del extesorero se encuentra confirmada por él mismo y por las pruebas periciales practicadas”. Además, el juez también considera confirmada “la realidad de varios apuntes contables por declaraciones testificales así como el análisis documental comparativo con los datos de la contabilidad oficial remitida por el Tribunal de Cuentas y el Partido Popular”.
El juez se refiere en su auto sin citarlo expresamente al hecho de que los dirigentes y ex dirigentes políticos Calixto Ayesa (exconsejero navarro de salud); Jaume Matas (expresidente balear), Santiago Abascal, Jaime Ignacio del Burgo, o Eugenio Nasarre, han declarado en sede judicial que recibieron dinero del PP, según consta en los papeles de Bárcenas, y que no lo declararon a Hacienda o no recuerdan haberlo hecho ni pueden probar que lo hicieran.
La contabilidad oficial que el PP permitió al Tribunal de Cuentas, base probatoria principal en todo este caso de supuesta financiación ilegal de la formación conservadora, no registra ninguno de esos pagos a los dirigentes señalados.
El juez retoma hoy la investigación del caso Bárcenas y espera recibir distinta documentación que ha solicitado para acreditar, en aquellos aspectos delictivos que todavía no han prescrito, si el PP incurrió en delito fiscal —no declarar como ingreso extraordinario los donativos ilegales que recibió desde 2007— y si en los hechos reflejados en la caja b que administraba Bárcenas se produjo cohecho —pago de dinero por parte de distintos constructores a cambio de la concesión de obras públicas—.
La investigación judicial también certifica que una parte de las donaciones ilegales de empresarios contratantes de la administración pública, de las que Bárcenas dejó constancia en su contabilidad manuscrita, fueron ingresadas en la cuenta del PP, en cantidades inferiores a 60.000 euros para evitar que el Tribunal de Cuentas las considerase ilegales en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente en esos momentos. Entre 2003 y 2007, el extesorero hizo 56 ingresos troceados, en 14 fechas distintas por valor de 1,3 millones de euros. Esos ingresos se correspondían exactamente con el apunte contable que reflejaba en sus papeles de la supuesta caja B.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aunque los donativos a partidos políticos están exentos de tributar a Hacienda, pero en el caso del PP se trataría de donativos ilegales que deberían ser tratados como ingresos extraordinarios y el partido debería haber pagado por ellos el Impuesto de Sociedades. Como el delito fiscal prescribe a los cinco años, Ruz sólo puede analizar si la cuota defraudada a partir de 2007 por esos donativos ilegales supera las cantidades permitidas.
Sigue el caso Bárcenas convirtiéndose en una bomba de racimo que afectará a muchos dirigentes del PP incluido su Presidente.
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