Redes Cristianas hace público un escrito en el que señala: “Ahora, con la incorporación de nuevas exigencias del sector privado y confesional, el futuro inmediato de la escuela pública y laica corre mayor peligro” y “exige la movilización ciudadana para impedir su completa destrucción”.
La Campaña “por una Escuela Pública Laica: Religión fuera de la Escuela” apoyada por más de un centenar de colectivos, alcanza ya las 15.000 firmas. Redes Cristianas, que alberga a más de 200 grupos, comunidades y movimientos católicos de base es uno de los firmantes de este manifiesto que denuncia “los propósitos sólo a medias desvelados en el anteproyecto de reforma educativa propuesto por el ministro Wert”.
“La complicidad entre el ministro Wert y los obispos eleva su amenaza a la Escuela Pública y Laica” denuncia en su página Redes Cristianas haciéndose eco del documento. Mientras el movimiento por defender la laicidad de la educación se va acrecentando, el ministro Wert acababa de declarar en la sesión del control ante el Senado que incluir en la reforma educativa una asignatura opcional para los alumnos que no cursen Religión tiene como objetivo el que “aprovechen el tiempo”, que dice se dedica ahora a recreo o biblioteca.
El ministro recordaba también que la enseñanza de religión está condicionada por los acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Wert respondía así al senador socialista Emilio Álvarez Villazán, quien le acusó de ser un toro bravo con los alumnos, padres y profesores y “un toro manso con la Conferencia Episcopal Española”.
“Que la religión esté fuera de la escuela es ahora más trascendental que nunca”, advierten los firmantes de la campaña por una escuela pública laica, y exigen la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede; que la religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo, saliendo de la Escuela; que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares. También reclaman que no se financie con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar, ni la segregación por razón de sexo o de otra naturaleza ideológica o social.
Para los firmantes, sobre todo se recogen “demandas escandalosamente regresivas impuestas por el sector privado y confesional: Atendiendo a los sectores religiosos más integristas, elimina de forma definitiva la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y la idea misma de una formación común en valores compartidos y democráticos. Impone en Primaria y Secundaria una materia “fuerte” y evaluable, como alternativa a la Religión, tal como ha acordado en complicidad con los obispos, con el fin de tratar de atajar el creciente abandono de alumnado de las clases de religión”.
En su opinión, el Estado “hace dejación explícita de su obligación de garantizar plazas públicas en cualquier sitio y en primer lugar. El desarrollo del sector privado a costa del público quedaría así afianzado. Las patronales de centros concertados, por su parte, exigen no sólo prolongar y ampliar los conciertos, sino eliminar cualquier condición para recibir subvención pública más allá de la simple “demanda social” (contar con alumnado), y tener igualmente acceso al suelo público. Es preciso señalar que la inmensa mayoría de la enseñanza privada concertada está en manos de organizaciones religiosas católicas, algunas de ellas con un fuerte carácter integrista, que impregna el currículo e ideario de los centros”.
Hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sindicales, a colectivos y asociaciones ciudadanas, “comprometidos con la defensa de la escuela pública y laica, a que hagan suya esta campaña y la extiendan a todos los ámbitos de su influencia.(…) Conquistas históricas, incluso parciales e insuficientes, corren peligros sin límites, aún sin conocer su definitivo alcance. De momento, ya han expresado su intención de imponer serios pasos atrás”. Se trata, explican, de salvaguardar “la existencia misma de la educación como bien social y común”. Las firmas que se están recogiendo se entregarán en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar del Estado.
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