Según los últimos datos oficiales el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía registrados en agosto de 2012 a 2.443 españoles detenidos en el extranjero, una cifra que varió poco en los últimos meses del año.
El grupo más numeroso se halla en Perú, donde permanecen detenidos 276 ciudadanos, 270 de ellos vinculados a las drogas; en el segundo puesto se sitúa Italia (216 detenidos, 196 por drogas); y el tercer grupo más importante está en Colombia (210 detenidos, 202 por drogas).
Tras estos países se sitúan Francia (199 españoles detenidos), Brasil (186), Marruecos (180), Portugal (150), Alemania (133), Argentina (123), Ecuador (118), Reino Unido (71), República Dominicana (70), Estados Unidos (63) y Venezuela (51).
A falta de conocer los datos cerrados de final de año, no habría ningún preso español en Cuba tras el regreso a España a finales de diciembre de Miguel Vives, condenado por tráfico de drogas a 18 años de cárcel, de los que había cumplido cuatro en la isla; y Ángel Carromero, sentenciado en octubre pasado a cuatro años por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Los trámites de repatriación de un encarcelado en el extranjero pueden tardar un año o año y medio
Los trámites, según explica el Movimiento por la Paz en su programa de atención a detenidos, pueden alargarse un año o año y medio.
La condición fundamental para que pueda solicitarse ese traslado es poseer la nacionalidad española y que exista un convenio firmado por ambos países que permita esa posibilidad.
En ciertos países no suele darse el consentimiento necesario para el traslado a condenados por determinados delitos o por el impago de multas.
Francia y Marruecos, advierte la organización que asesora a los presos, reclaman por ejemplo el pago de multas "astronómicas" para dar su consentimiento, mientras que Japón exige el cumplimiento de una parte de la condena antes de aprobar el traslado.
En la actualidad, Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos acusado de tres asesinatos y que lleva más de doce años en un penal de Florida, es el único ciudadano de nacionalidad española sobre el que pesa la pena capital.
Pero ninguno de ellos pertenece al PP y no tienen la suerte de estar tres días en la cárcel de Segovia y marcharse a su casa, retornar a un trabajo de asesor que le reporta casi 60.000 euros y llamarse Carromero.
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