EL EURO POR RECETA.

La Generalitat ha recaudado 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde que lo implantó el pasado 23 de junio y hasta el 31 de diciembre, lo que supone alrededor de 7,6 millones de euros mensuales. Los datos de la Consejería de Salud, a los que ha tenido acceso Europa Press, reflejan que la recaudación final ha quedado ligeramente por debajo de las previsiones del Govern, que apuntaban a unos ingresos próximos a los 50 millones de euros este 2012. 

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender el euro por receta aprobado en Cataluña el pasado junio, tras admitir el recurso presentado por el Gobierno y mientras decide sobre el fondo del asunto, según fuentes del alto tribunal que cita la agencia Efe. El Ejecutivo de Mariano Rajoy planteó el pasado diciembre un recurso de inconstitucionalidad y el pasado viernes anunció que también lo planteará para el copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de enero en la Comunidad de Madrid. 

Y ahora ¿Cómo se devuelven esos millones a los enfermos? ¿De verdad se les devolverán o quedarán en la Hacienda Catalana a fondo perdido? 

Los gobiernos de Madrid y de Cataluña se propusieron rascarles el bolsillo a los enfermos cobrándoles un euro por receta abusando de pensionistas y personas con medios económicos precarios sin tener en cuenta que podrían estar actuando fuera de la leyes, como así parece que ha ocurrido. Y ahora mantendrán el dinero recaudado hasta que el Tribunal Constitucional dictamine definitivamente. Para cuando esto ocurra ha podido pasar dos o tres años y el pueblo ya estará cansado de rellenar folios y folios pidiendo la devolución de su dinero. 

La decisión del Constitucional permite ahora que quede sin efecto el cobro del euro por cada receta pero solo en Cataluña. El recurso contra la medida en Madrid aún no lo ha presentado el Ejecutivo, a falta del informe preceptivo del Consejo de Estado, por lo que de momento en esta comunidad seguirá vigente la medida. Además, el tribunal tiene planteado otro recurso, firmado por 50 senadores del PSOE. Sin embargo, solo el Gobierno tiene la facultad de solicitar la suspensión de la medida mientras se decide sobre el fondo de la cuestión.