Hasta el día de hoy y aun escuchando las cosas que dice el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria - sobre que es más fácil derribar hoteles en Lanzarote y Fuerteventura que la Biblioteca Pública del Estado,- no sabemos cómo terminará ese pulso entre los vecinos cercanos a la Biblioteca y la sentencia del Tribunal Supremo que hoy obliga el derribo de ese edificio que desde el principio de su planificación ya ha tenido problemas.
Esta larga batalla jurídica empieza durante el mandato como alcalde de esta ciudad del actual ministro de Industria, José Manuel Soria. El grupo de gobierno de aquella época otorgó el 25 de septiembre de 1997 la licencia de obras que había solicitado la Dirección General del Archivo y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. El permiso estaba condicionado a la elaboración de un plan especial, que debía ordenar la parcela y ajustar su construcción respetando el uso previsto como equipamiento cultural y los espacios libres asignados en el plan general. Los pronunciamientos judiciales sobre el caso, que se suceden siempre con iguales conclusiones desde el año 2002, resaltan que en este caso, "no se podía condicionar la licencia a cambios no previstos en la normativa vigente".
El proyecto propuso "una redistribución del espacio libre de tal modo que incorpora la zona ajardinada haciéndola formar parte integrante del edificio, relegando el resto de esta superficie a espacio de carácter residual dentro del conjunto. De esta actuación resulta que la superficie de la parcela ocupada por la edificación de uso cultural ha aumentado con respecto a la propuesta inicial en aproximadamente 580 metros cuadrados, y la superficie destinada a Espacio Libre ha disminuido unos 817 metros cuadrados".
Para los tribunales de Justicia, lo grave del caso no es sólo que se alterase la determinación fijada en el Plan General, vulnerando la zonificación de la zona verde y ubicando el edificio en un emplazamiento "totalmente distinto" al establecido en la norma. "No sólo se concedió la licencia sin redactar el plan especial, sino que se cambiaron extremos en el proyecto autorizado sin modificación ordenancista", recoge la sentencia firmada el 10 de octubre de 2002. Ese pronunciamiento ha sido ratificado en todas las resoluciones posteriores. El Tribunal Supremo añade que "es toda una paradoja" que el Ayuntamiento niegue ahora la necesidad de un plan especial cuando la resolución combatida ya impuso como condicionante "que la licencia debía ajustarse a un plan especial". La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sentencia además que "lo determinante es la ilegalidad de la construcción, que trasciende del uso que tenga la misma", porque "el destino del edificio no sana la nulidad de pleno derecho de la licencia que amparó la construcción".
Y ahora aunque Cardona eche balones fuera e intente conseguir a toda costa que no se derribe ese edificio, se pone en marcha una lucha que empezó en el momento que el Sr. Soria firmó la autorización para que se construyera en suelo público destinado a zona de ocio y que en ese instante convertía en un jardín adosado a un edificio y perjudicando la visión panorámica a los propietarios de los pisos de los alrededores. ¿ No tiene nada que decir nuestro Ministro Soria?
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