Una nueva Ley Corcuera – aquella de la patada en la puerta- es la que el PP y su Ministro del Interior nos obsequia para los años venideros si antes el Tribunal Constitucional no la considera “ fuera de juego”
Jorge Fernández Díaz, ha presentado este viernes el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas modificaciones respecto al primer anteproyecto de noviembre del pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que "enriquecen" el texto, según el ministro. No olvidemos que toda la oposición ha estado desde el principio en contra de una ley que recortar unos derechos que nos ha costado años mantener.
Fernández Díaz ha defendido un proyecto de ley, que es "profundamente garantista" y tiene "pleno encaje" en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo
Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y "sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas" y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación. Y por supuesto que quien valora los hechos para sancionarlos es la propia policía.
Por su parte, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
Fernández Díaz ha insistido en que el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana "sin menoscabo alguno" a los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a los ciudadanos. ¿De qué libertades públicas habla el ministro si su Ley es una ley mordaza que enjaula la libertad de expresión de manifestación y de reunión de los ciudadanos?
Esta normativa se tramitará en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
La ley incluirá la necesidad de cumplir los principios de no discriminación y proporcionalidad en las identificaciones, evitando así legalmente las identificaciones masivas o por razones étnicas.
En cuanto a las retenciones por un máximo de seis horas a los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva ha añadido que además se llevará un libro de registro que se remitirá al Ministerio Fiscal y se expedirá al retenido un volante acreditativo de su situación, el tiempo que ha permanecido y los funcionarios que han participado en la diligencia.
Seguiremos mirando esta Ley que se quiere aprobar por decreto y antes que el Ejecutivo salga de vacaciones veraniegas con premeditación, alevosía y nocturnidad porque a las diez de la mañana ya estaba en carpeta de actos a aprobar por este último Consejo de Ministros.
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