Dentro de la estructura educativa en Canarias existen colegios concertados que reciben dinero público para pagar las nóminas de los docentes así como dinero para dirección otras cantidades para el mantenimiento de los colegios. Los colegios concertados están bajo la misma normativa que los públicos y son inspeccionados por las autoridades académicas de la Consejería de Educación en programaciones, exámenes, ratio, admisiones y cursos de perfeccionamiento del profesorado. Pero no todos los centros cumplen con estas normas y para denunciar los abusos que puedan ocasionarse ha nacido la Plataforma por la Dignidad.
La Plataforma se presentará hoy en la Consejería de Educación para entrevistarse con la inspectora provincial de centros concertados, a la que expondrán situaciones como las de padres de un colegio del norte de Tenerife que no reciben las notas de sus hijos porque "deben alguna cuota" o las de otros de un centro de Santa Cruz que son obligados a pagos que teóricamente son voluntarios.
Varias familias se han puesto en contacto con este colectivo y sus testimonios dibujan, según la Plataforma, un panorama en el que abundan "la segregación, el elitismo y la falta de control" en los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos.
"La forma de presionar es retirar a las profesoras las notas del alumno cuyos padres no han podido hacer algún pago. De esta manera, cuando entras a la clase la profesora te dice que no tiene las notas de tu hijo y que debes ir a administración. Una vez allí te recuerdan la deuda que tienes. Todos sabemos que lo que hacen es ilegal y no podemos hacer nada y tenemos miedo", sostienen unos padres del norte de la Isla.
"Las posibilidades de ser matriculado en este colegio no dependen solo de la cercanía o pertenencia al distrito escolar, sino que tienen que ver también con la amistad con los directivos o con el estatus de quien quiere entrar, viva donde viva", se quejan otros, en este caso de la capital.
Esta misma familia alude a la ausencia de consulta sobre cualquier tema, dado que no existe asociación de padres y el Consejo Escolar está "ocupado por padres afines a la dirección del centro".
"La cuota hay que pagarla; de voluntad, nada", reza otro testimonio. Los padres que no pueden abonarla -cada vez más, dada la situación económica- son "invitados amablemente a marcharse".
El informe de la Plataforma reclama una fiscalización "exhaustiva" de los procedimientos de admisión y de los "sobrecostes" y cobros indebidos.
Nos parece una indecencia que se haga pasar una vergüenza a un alumno/a ante sus compañeros no dándoles las notas porque sus padres no han podido pagar algún mes. Como también nos parece una barbaridad obligar a pagar una cuota que no es legal al tratarse de un centro concertado con dinero de todos.
A estos centros que siguen considerándose privados y sus actuaciones siguen siendo elitistas deben invitárseles a cumplir con sus obligaciones y con las normas que pone la consejerías o de renunciar a la concertación.
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