“Vivimos en una sociedad medieval, aunque estemos en los albores del tercer milenio”, lamenta Mohammad al Qahtani, el director de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA).
Estas declaraciones son consecuencia de una cruel sentencia de los tribunales saudíes que han condenado a siete jóvenes que, si una intervención de última hora no lo remedia, van a ser ejecutados este martes por un delito que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad.
El supuesto cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, será además crucificado, uno de los crueles castigos físicos que aún contempla el sistema penal saudí.
La crucifixión “se reserva para los crímenes más odiosos y que crean alarma social”. “Es infrecuente, pero se dicta, aunque a veces el Gobierno, consciente de la degradación del sistema judicial, conmuta ese tipo de condenas”.
¿Cuál es el delito odioso que cometieron los siete condenados? Al parecer, una serie de atracos a joyerías en la ciudad de Abha, al sur del país, por los que fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006. La sentencia de muerte se pronunció hace tres años, pero las autoridades probablemente han esperado para que todos sean mayores de edad en el momento de su aplicación. En Arabia Saudí, esa pena se ejecuta por el procedimiento de decapitación a espada. En el caso de Sarhan, después se procederá a la crucifixión.
. “No es solo la severidad del castigo, sino que no han tenido acceso a un abogado, ni un juicio justo; además les han intimidado y torturado para que confiesen”, subraya. Lo que su organización y otros activistas están pidiendo es que se repita el juicio y se les permita contar con defensa letrada.
“El caso es tan débil que han tenido que recurrir a la intimidación para conseguir las confesiones; si tuvieran pruebas sólidas, no hubiera sido necesario”, añade este activista que lleva años denunciando los abusos de la Dirección de Investigación General —los servicios secretos saudíes— y su interferencia en el sistema judicial.
Al Ahmed insiste en la minoría de edad de los condenados cuando se produjeron los hechos. A la fecha de la sentencia a muerte, Sarhan al Mashayekh y Saeed al Omari tenían 22 años, Ali al Shehri, 20, Naser al Qahtani y Ali al Qahtani, 24, Saeed al Shahrani, 21, y AbdulAziz al Amri, 23. Dado que los delitos se cometieron entre 2004 y 2005, sus edades rondaban entonces entre los 15 y los 19 años.
Además de Arabia Saudí, solo Irán, Yemen y Sudán continúan ejecutando a personas que delinquieron siendo menores, algo que prohíbe la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
No podemos entender que existan países con leyes de la Edad Media que además poseen el poder del petróleo en sus manos para conseguir que ningún país pueda criticar su sistema judicial caduco, injusto y salvaje.
Los personajes que gobiernan ese país, aunque se vengan al sur de España con grandes cantidades de dinero, magníficos coches y grandes mansiones no dejan de ser unos bárbaros que no han salido todavía del medievo. Pero ninguna autoridad es capaz de cerrarles las puertas en las narices porque detrás de sus personas están los millones.
A nosotros, solamente solidarizarnos con aquellos que luchan por la libertad en esos países muy ricos pero muy salvajes y esperar que en un futuro no lejano, los habitantes gocen de la libertad que tenemos en un país como España.
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