La orden policial contra los actos conocidos como eschache ya es efectiva. La Secretaría de Estado de Seguridad la ha hecho llegar a las comisarías deberán identificar, sancionar y detener a quienes participen en los mismos.
“Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente”, dice la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En la nota, de apenas un párrafo, dirigida a las comisarías de Policía, “se ruega máxima difusión”. La decisión de Interior llega después de los actos llevados a cabo por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a las viviendas de dirigentes populares, como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega.
El Ministerio del Interior activará un servicio de vigilancia para los cargos públicos que lo soliciten, si existe una “amenaza clara” contra ellos, aunque ha precisado que no se está trazando un plan de escoltas.
El PP ve las protestas de los antidesahucios contra cargos populares, no como acciones casuales, sino como una estrategia organizada premeditadamente desde sectores de la izquierda, parecida en cierto modo a la que se produjo en 2003 cuando comenzó la guerra de Irak y se producían protestas frente a las sedes del partido.
Mariano Rajoy tachó el martes de “profundamente antidemocráticos” los ataques y acosos que están sufriendo algunos responsables de su partido por parte del movimiento antidesahucios y afirmó que si todo el mundo actuara así España sería “un país invivible”.
Cierto que es que a cualquier político le moleste que vayan a su barrio y digan a los vecinos que allí vive un corrupto o un mal diputado.
Pero no es menos cierto que los que se manifiestan son personas que han sido sacadas de sus casas por los bancos con el beneplácito de los políticos y la política del partido gobernante y además con una ley desfasada y puesta en entredicho por los tribunales europeos.
La solución del Ministro del Interior es muy parecida a la que algunos vivimos hace muchos años y que pensábamos que nunca volveríamos a ver: identificar, sancionar y detener a quienes participen. Hacen igual que hacían “ los grises” en los tiempos de los Tribunales de Orden Público que seguramente algunos estén añorando. No crecemos en libertades, cada día se nos van recortando para que no salgamos a la calle a defender nuestros derechos.
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