En 2011 una comisión de expertos de la Ley de Memoria Histórica enumeró hasta 43 símbolos franquistas en cuarteles de la Guardia Civil. Escudos, placas, mosaicos y otros vestigios preconstitucionales formaban parte del catálogo.
Cinco de ellos podían ser conservados y los 38
restantes debían ser retirados en cumplimiento del artículo 15 de esa ley.
Los tres últimos pasos se han dado en Valencia, tanto
en la Comandancia de Patraix como en las dependencias del instituto armado en
las barriadas de Benimaclet y Cantarranas de la capital, donde los escudos
preconstitucionales han sido tapados con los constitucionales.
Tras la publicación del documento que enumeraba los
símbolos en 2011, fueron retirados los primeros antes de que acabase el año.
Pero la eliminación quedó pronto casi paralizada, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó la ley sin fondos y apenas se eliminaron vestigios. “En
esos años prácticamente no se hizo nada”, recuerda Jesús de Andrés, profesor de
Ciencia Política de la UNED. “Que en una democracia no puede haber símbolos de
una dictadura es algo tan obvio que no tiene sentido ni discutirlo.
Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno va a darle un nuevo impulso, aunque lento. “La retirada de los vestigios relacionados se viene efectuando de forma paulatina, conforme lo permite la disponibilidad presupuestaria, debido a que no existe un crédito específico habilitado a tal fin”, reconocía el pasado verano el Gobierno en su respuesta a una pregunta efectuada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet.
Las acciones para eliminar los restos franquistas, ha
aumentado de velocidad en estos últimos meses por el empeño de la directora
general de la Guardia Civil, María Gámez. Desde septiembre se han realizado una decena de
actuaciones que han permitido culminar la retirada de los 38 símbolos incluidos
en el trabajo elaborado hace una década. Los cinco restantes que se conservado
se deben a diversas casuísticas, como el hecho de que las instalaciones donde
se ubica la Guardia Civil en algunos lugares no son de titularidad del
Ministerio del Interior y, por ejemplo, pertenecen al municipio donde se localiza.
En otoño se retiraron u ocultaron vestigios de
dependencias en Vejer de la Frontera y Olvera (Cádiz), Cortegana (Huelva),
Marchena (Sevilla), San Salvador de Cantamuda (Palencia) y Madrid.
En la Dirección
General de la Guardia Civil como en el edificio de la Asociación de Huérfanos.
Allí existía un texto grabado dedicado al capitán Cortés, militar y guardia civil jiennense al que se
considera héroe franquista y que contó con mucho renombre en los cuarteles
durante la dictadura. Desde 2011 también se había actuado en comandancias como
las de Barbate (Cádiz), Baeza (Jaén), Noreña (Oviedo), Segovia o Portomarín
(Lugo), entre otras. “Es un paso muy importante: normaliza aún más el
cumplimiento de la ley de cara la sociedad y también hacia otros espacios donde
aún permanecen vestigios como iglesias u otros edificios públicos”, añade
Gutmaro Gómez Bravo, coordinador del Grupo de Investigación de la Guerra Civil
y del Franquismo de la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesor
titular de Historia Contemporánea.
En algunas dependencias de la Guardia Civil existían
mosaicos en el suelo. En otras, placas de mármol que han sido retiradas.
También había escudos presidiendo las fachadas de los edificios, como ha
ocurrido en las tres últimas actuaciones en la ciudad de Valencia. Allí se ha intervenido
en los inmuebles de la Comandancia, el destacamento Valencia-B y el cuartel
localizado en el paseo de Cantarranas, cuyas fachadas mostraban grandes escudos
franquistas de piedra con el águila de San Juan. En estos tres casos, debido al
peso de dichos símbolos —que oscilaba entre los 200 y los 500 kilos
aproximadamente— y a las dificultades técnicas que existía la operación, se ha
optado por ocultarlos tras los escudos de España y la Guardia Civil.
La comisión técnica de expertos fue creada en febrero
de 2009 adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales. Según el Gobierno, una de sus misiones era la
de “determinar los vestigios existentes en edificios que debieran ser retirados en cumplimiento
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la dictadura”. Los especialistas destacan ahora que la simbología franquista
prácticamente ha desaparecido del espacio público. “No son tantos como en 1975
y hay comunidades donde no hay ni uno, pero siguen existiendo. Y cualquier vestigio de la dictadura
en organismos públicos sigue rechinando”.
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