El Gobierno de la Comunidad de Madrid trata de blindar
la educación concertada ante la ley Celaá con
un decreto in extremis que este miércoles presentará ante el
Consejo Escolar, un trámite casi sin importancia, pues la Administración tiene
mayoría y todo lo que presenta sale adelante.
Según la Ley Orgánica del Gobierno de Educación, las
comunidades autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los
colegios, que hasta ahora tienen, en la región madrileña, una duración de seis
años para los centros de primaria, y de cuatro para los de secundaria. “La
duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha
considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los
conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía”, han explicado fuentes
del Ejecutivo. Sin embargo, tanto el PSOE como CC OO creen que no tiene ninguna
validez legal porque la regulación de los conciertos sigue siendo competencia
del Estado.
Fuentes del Ministerio de Educación no han querido
comentar la jugada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y solo han avanzado que “cuando se dicte la norma, habrá que hacer un
análisis jurídico para comprobar si se ajusta a derecho”.
El grupo socialista en la Comunidad de Madrid sí cree
que La administración regional comete un error de bulto. “No sé cómo sus
servicios jurídicos no les han avisado de que esto es inviable”, dice Marta
Bernardo, de partido socialista. “Para empezar, los colegios concertados no van
a tener ningún problema con la ley Celaá, eso hay que dejarlo claro
porque hay mucha desinformación. Sí que es verdad que se especifica que los
centros que segregan por sexo no van a tener cabida en la educación pública”,
ha continuado
Según el Real Decreto de 1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, estos tendrán “una duración de cuatro años” y podrán
“renovarse en los términos previstos” en ese reglamento. También especifica que
“lo dispuesto en este reglamento será de aplicación en todo el territorio
español. Las administraciones educativas competentes dictarán las disposiciones
necesarias para su ejecución”.
En su artículo 116.3, se dice que “corresponde al
Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los
conciertos. Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación
y en las normas que le sean de aplicación de la presente Ley; a la tramitación
de la solicitud, la duración máxima del concierto y las causas de extinción…”.
Eso, exactamente, aparece con las mismas palabras en la vigente LOE-LOMCE,
aprobada por el PP, en su artículo 113.3.
Sin embargo, fuentes de la administración aseguran
que, de esta manera, “se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que
optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta
los 10 años, de modo que no vencerán dentro de dos años, sino de dentro de
seis”.
En la región madrileña hay 1.300.000 alumnos no
universitarios distribuidos en 2.083 centros públicos ―no solo colegios e
institutos, también se incluyen los de régimen especial, escuelas de música, de
idiomas...―, 567 concertados, de los que 24 segregaban por sexo, según un
informe de 2012, y 1210 privados ―de los que 892 son escuelas infantiles―.
“Me sorprende que el gobierno de Ayuso ponga el debate
en los conciertos educativos, que no están en peligro con la nueva ley”, dice
María Pastor, de Más Madrid. “Dentro de unos días hay 1.117
profesores de refuerzo covid que se van a la calle, hay falta
de medios, los recursos académicos son preocupantes... Esto demuestra cuáles
son las prioridades de este gobierno”, sentencia.
Este movimiento de la presidenta de la Comunidad pretende adelantar al próximo mes de abril, el
proceso de admisión para el siguiente curso. El objetivo era, entonces,
“garantizar la libertad de elección de las familias” ante la próxima aprobación
de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).
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