Ayer, el Sr. Soria aseguró leyendo un escrito que había autorizado a la Fiscalía para que cursara una comisión rogatoria a Panamá para que se aclararan los papeles en los que le involucraban con un tema nada claro.
Hoy, un medio de comunicación afirma que en ningún caso, ni como ministro de Industria, ni como ciudadano corriente puede solicitar una comisión rogatoria y menos, - como afirmó – que dio órdenes a la Fiscalía- seguramente fue un lapsus.
Las comisiones rogatorias internacionales (auxilio judicial secundario) son un instrumento jurídico de cooperación bilateral entre países que cursa un juez o un fiscal en el marco de una investigación. En este momento procesal, con unas diligencias abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, este organismo está facultado como "autoridad judicial" para cursar una comisión rogatoria internacional, pero en ningún caso necesita la autorización de Soria.
La razón de Soria para que sea la fiscalía la que investigue este asunto en Panamá y no cursar esa rogatoria internacional por la sociedad de la que fue titular ubicada y radicada en Bahamas hasta 1995, según las informaciones conocidas este lunes es que aunque con ninguno de los dos países la cooperación judicial es fluida, con Panamá está vigente un convenio bilateral desde julio del año pasado y con Bahamas se firmó un acuerdo de intercambio de información en 2010.
Como la Fiscalía va a investigar las posibles estructuras utilizadas para el blanqueo, el aforamiento del ministro no afecta a sus pesquisas. Si afloraran indicios de blanqueo de capitales en la actividad del ministro, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se dirigiría a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En cualquier caso, el aforamiento de Soria, como el de cualquier otro ministro del Gobierno, es judicial, no fiscal.
Nuevamente y dentro de unos minutos, el ministro en funciones Don José Manuel Soria dará nuevas explicaciones en el Congreso de Diputados. Esperemos que deje este tema claro y cristalino, porque lo que no creemos es que vaya a comunicar que dimite de su cargo. Aunque con toda seguridad, si sus explicaciones no convencen, el resto de los partidos pidan su cese inmediato.
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