Rafael Hernando, diputado del PP y segundo portavoz del partido tiene que hacer frente a una querella presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tras unas declaraciones en 13 TV por considerarlas ofensivas hacia los familiares de los desaparecidos. Emilio Silva, coordinador de la ARMH ha manifestado: “Si un político hubiera dicho lo mismo de una víctima del terrorismo, probablemente el Fiscal General del Estado habría actuado directamente”.
Las declaraciones de Hernando que han motivado esta querella de la ARMH se realizaron en un programa del canal 13 TV del que es propietaria la Conferencia Episcopal. El diputado del Partido Popular afirmó, según consta en la querella “Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”.
Este comentario provocó indignación entre los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas durante y tras la guerra civil y la ARMH decidió presentar querella criminal por un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad.
Juan Saavedra, presidente de la Sala II de lo Penal y los magistrados de la misma sala Francisco Monterde Ferrer y José Ramón Soriano Soriano (quien será el ponente en la causa) firman la providencia de admisión a trámite, con fecha 24 de marzo y su traslado al Congreso de los Diputados para que deje constancia de la circunstancia de aforado del querellado.
“Tras la constancia del Congreso, la querella volverá al Tribunal que debe considerar que existen indicios de delito en los comentarios de Hernando. Una vez hecha la consideración, de nuevo se remitirá al Congreso para que éste se pronuncie en suplicatorio sobre la inmunidad parlamentaria del Diputado, tras la súplica, el procedimiento vuelve al Tribunal Supremo”, explica la ARMH.
Una vez más, en un comunicado la ARMH aclara el tema de las subvenciones: “Cuando a partir del año 2006 el ministerio de Presidencia comienza a dar subvenciones para proyectos relacionados con la memoria histórica, nunca son reparaciones económicas para las víctimas. Se trataba de ayudas destinadas a proyectos concretos de exhumaciones de fosas e identificaciones de cuerpos.”
Las ayudas siempre fueron insuficientes “y fue mucho más lo que siguieron aportando voluntarios que llegados de muchos países del mundo han defendido los derechos humanos en suelo español con mucha más responsabilidad y compromiso que ninguno de nuestros gobiernos“.
“Rafael Hernando está faltando al respeto a decenas de miles de familias que han padecido el crimen más grave que se puede cometer contra un ser humanos que es la desaparición forzada: detener ilegalmente a una persona, torturarla, asesinarla y esconder su cadáver que extender el dolor de su pérdida en el espacio y en el tiempo”, acusan.
La querella criminal fue presentada por Ascensión Mendieta, en nombre de la ARMH. “Es una mujer que cumplió sus actuales 88 años a bordo de un avión que la llevaba hasta Buenos Aires para poder reclamar justicia por la desaparición de su padre, Timoteo, que fue asesinado y su cadáver enterrado en una fosa común cuando ella tenía 13 años. Ascensión se sintió especialmente molesta por las declaraciones de Hernando, que le parecieron mucho más graves tratándose de un diputado”.
La ARMH le solicita al juez una rectificación pública del diputado Rafael Hernando, una indemnización de 1.000 euros, que irán destinados a la identificación de desaparecidos, y que el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso sea condenado a trabajos para la comunidad y acuda como voluntario, durante cinco días, a la exhumación de una fosa. La querella incluye al canal de televisión 13TV, que fue el que hizo públicas las declaraciones de Hernando.
Nos parece que esta es la actitud que debemos tomar todos cuando a diputados de nuestro parlamento se les calienta la boca y hacen declaraciones más propias de personajes intolerantes y añorantes del pasado, que de personas que representan a un partido democrático y que además debe servir de ejemplo con sus decisiones en lugar de comportarse como defensores de las barbaridades que se hicieron en España por el único motivo de no tolerarse la libertad de pensamiento y de ideología.
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