AMNISTÍA PARA LOS DEFRAUDADORES.

El gobierno de España que lidera el Sr. Rajoy ha sacado este viernes los Presupuestos Generales del Estado y en ellos, entre otras disposiciones encontramos una amnistía fiscal que dice que reportará al estado unos 2.500 millones de euros.

¿Pero a quién beneficia esta amnistía? Creemos que a quien más beneficiará será a los defraudadores que se han llevado su dinero a bancos extranjeros, o a los que tienen el dinero en España adquirido a base de trapicheos y de aprovecharse de la época de vacas gordas y que cuando ha llegado la crisis lo han escondido y no lo emplean para crear empleo o para créditos a los que vivieron la burbuja del ladrillo y perdieron todas las esperanzas y sus casas.

Estos aprovechados de la miseria de una sociedad, tienen la posibilidad de sacar a la luz pública sus millones, pagar una multa del 10% y blanquear ese dinero como una persona honrada.

Los países serios no hacen amnistías para recaudar una cantidad irrelevante que supone apenas el 5% del déficit que tendrá este país en 2012 en el mejor de los casos. Si el Gobierno tiene argumentos suficientes para aflorar el dinero negro -y seguro que los hay- lo que debería haber hecho es un plan más ambicioso: lanzar un plan de blanqueo masivo de los capitales que hoy se escapan a los ojos del Fisco. ¿Por qué 2.500 y no 25.000 millones.

Pero los españoles no ven con honradez que a estos aprovechados que se enriquecen con la miseria de los demás, se les pueda amnistiar y pasar de ser unos “ chorizos “ a ser gente honrada por arte del gobierno del PP. No es un juicio de valor. Lo dicen las fuentes oficiales, que reconocen que el 72% de los contribuyentes considera que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos años. Cuando en 1999 este porcentaje apenas llegaba al 24%. 

¿ Y qué dicen los inspectores de Hacienda de esta amnistía? ¿ Están de acuerdo?

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) "rechaza totalmente" la creación de un "gravamen especial" del capital que retorne a España de un 10% y del 8% en caso de dividendos de sociedades en paraísos fiscales. Los inspectores aseguran que de esta forma se crea una amnistía fiscal, ya que cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción.

A su parecer, esta medida es "muy injusta" y va contra el artículo 31 de la Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y  progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio", señala dicho artículo.

Además, los inspectores recuerdan que el PP consideraba "impresentable, injusta y antisocial" esta medida y consideran paradójico que se suban los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. "Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria", afirman.

Además, creen que puede provocar un "derrumbe" de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y de la recaudación en periodo voluntario, lo que además provocaría efectos muy perjudiciales para la economía española.

“.Ningún Gobierno tiene legitimidad para declarar una amnistía fiscal -aunque sea parcial- porque subvierte el orden constitucional, como no lo tiene para proclamar una amnistía en el orden penal. Los Gobiernos están obligados a estimular la ejemplaridad pública, porque esto, realmente, es lo que permite vertebrar a una sociedad”