Apenas unas horas después de que el juez Manuel García-Castellón enviase al Tribunal Supremo la exposición razonada contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se ha lanzado contra los argumentos del magistrado.
El rompecabezas
tiene como piezas fundamentales dos delitos: denuncia falsa y simulación de
delito. Según el juez, en una reunión celebrada en el seno de Podemos en julio
de 2016, donde estaba Gloria Elizo (responsable entonces del equipo jurídico),
Iglesias “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas
[en Okdiario y procedentes del móvil de su antigua
colaboradora, Dina Bousselham], eran fruto de una filtración de gente del
propio partido”. Pese a ello, prosigue el instructor, el líder de la formación
vio una “oportunidad de actuar” contra esa web, activando a sus abogados para
que ampliasen con tres escritos (del 2 de agosto de 2016, del 28 de septiembre
de 2016 y el 3 de febrero de 2017) la denuncia que presentó la asesora tras el
presunto robo del móvil y que se investigaba en un juzgado de Alcorcón.
Concluye el
magistrado, se orquesta una “falsaria” campaña, que sigue en la Audiencia
Nacional cuando se abre el caso Dina, para presentarse como víctima
de la policía patriótica. Esa tesis se apoya en gran parte en la
declaración de José Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la
cúpula, que habla de “montaje”. Un testimonio que, para Podemos, carece de valor. “Se basa
todo en rumores e hipótesis, de un señor que oyó decir...”, contraatacó este
jueves Alberto Rodríguez, secretario de Organización.
La abogada de
Podemos, también rechaza que en el verano de 2016 descartasen la vinculación
entre el robo del móvil y las cloacas, como varios medios le han adjudicado
tras publicarse algunos mensajes del chat interno de aquel grupo de letrados.
Simplemente, insistió en un comunicado, porque “hasta noviembre de 2016 no se
empieza a utilizar el término ‘cloacas’ por ciertos periodistas en aquellas
conversaciones solo defendió que iba a ser “difícil acreditar el origen de los
pantallazos publicados en Okdiario, lo cual desaconsejaba una
acción jurídica directa contra Eduardo Inda, realidad que es absolutamente
diferente hoy tras acreditar la Audiencia Nacional que Villarejo tenía copia de
la totalidad de la información existente en el móvil robado y que la misma
había sido difundida a distintos medios periodísticos, no mediante pantallazos
de mensajes, sino mediante copias íntegras de la memoria del teléfono robado”.
La dirección de
Podemos, el nexo entre la sustracción del móvil y miembros de la policía
patriótica lo plantea
primero en la causa la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional,
cuando en marzo de 2019 envía un informe al juez donde detalla que ha
encontrado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia de la
“extracción de datos” del teléfono. Una línea de las pesquisas que investigó el
propio juez y la Fiscalía Anticorrupción. “No intentamos engañar a
García-Castellón, igual que tampoco lo hizo la Fiscalía ni Asuntos Internos”,
ha recalcado Elizo.
El tercer
delito que el magistrado imputa a Iglesias es descubrimiento y revelación de
secretos por guardar durante medio año la tarjeta de Bousselham antes de
devolvérsela, tras recuperarla a través de Interviú. Tal y como
contempla la ley, para investigarlo se requiere una denuncia previa de la
víctima. El propio juez lo admite en su exposición razonada, aunque deduce que
la antigua asesora del líder de Podemos tiene interés en “proceder” para
dilucidar todo y afirma que debe ser el Supremo quien le pregunte si adopta
acciones legales.
La perjudicada
no quiere actuar contra el vicepresidente. “Dina ha confiado siempre en el modo
de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no podía ser de otro
modo, la actuación de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad”,
escribía su abogado en un escrito enviado al juez el pasado junio, cuando el
instructor ya había puesto la diana en el líder de la formación. En ese
documento, la dueña del móvil asegura que “entiende” que su “amigo” guardara la
tarjeta durante un tiempo, “ya que la había obtenido de forma confidencial”.
Iglesias
subraya que el mero hecho de dársela finalmente a su exasesora —de forma
“voluntaria” y sin “requerimiento alguno”— demuestra “la ausencia de ocultación
alguna, más allá de que se tardase más o menos tiempo”. Además, él mismo le
contó al juez en su declaración como víctima que la guardó durante seis meses
y, según remacha el líder de Podemos, entonces el juez no le dio ninguna importancia
a ese detalle.
“El delito de
revelación de secretos requiere una denuncia previa. El juez dice que el
Supremo oirá a Dina sobre si exculpa o perdona a Iglesias. Pero es al revés: si
no le denuncia, no hay caso que enviar al Supremo”, ha apostillado también esta
semana Victoria Rosell (Podemos), actual delegada del Gobierno contra la
Violencia de Género y magistrada de carrera.
El delito de
daños informáticos completa el puzle. Podemos insiste en que no hay ningún
indicio que demuestre que Iglesias deterioró la tarjeta intencionadamente. El
propio juez lo dice en su exposición razonada: “No hay una prueba directa de la
destrucción material de la tarjeta por parte del aforado”. Y, hasta ahora, han
fracasado todos los esfuerzos del instructor por aclarar por qué no se puede
acceder al contenido.
El dispositivo
electrónico presenta un deterioro exterior que, tras ordenar investigarlo, se
concluyó que se correspondía con el “lijado” que hizo una compañía
especializada para intentar rescatar la información. Esa posibilidad la admitió
la propia empresa. Y la policía científica dijo lo
mismo. “El citado lijado [...] sería compatible con un intento de
recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo
en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento [...] La
técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios
especializados en recuperación de información de este tipo”, concluía el
documento, fechado el 12 de agosto. El juez se agarra a que supuestamente tenía
un “fallo” interno previo que atribuye a Iglesias.
Los partidos de
izquierdas insisten en que Iglesias nunca la deterioró: “Y, dado el actual
estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo: Pero
sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que
la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado a
[Iglesias]”, defendió el abogado del vicepresidente en un escrito enviado a la
Audiencia Nacional el pasado 2 de septiembre.
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