Cada día los españoles entendemos menos
lo que quiere hacer nuestro Gobierno con el ex presidente Puigdemont. Después
de llenar las fronteras, los aeródromos, las cloacas y hasta los portaequipajes de los coches con policías,
nos encontramos con la novedad de que el
Gobierno según la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría tenía en sus manos pedir
al Consejo de Estado un informe para
impugnar ante el Tribunal
Constitucional la investidura del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. Con este
trámite, Rajoy paralizaría, de facto, la candidatura de Puigdemont. Un alto en
el camino que podría demorarse hasta cinco meses.
¿Y ahora es cuando se dan cuenta?
¿Durante todo este tiempo dónde han estado los cabezas pensantes que ahora
sacan esta solución?
La verdad que lo de Puigdemont se está convirtiendo
en un problema no solo para el Gobierno del PP , sino para todos los españoles.
Vean si no es escandaloso que este hombre salga de España, se instale en
Bruselas y haga una campaña vía plasma hasta conseguir ser el cabeza de lista
del segundo partido más votado en Cataluña. Que el Gobierno tenga la
posibilidad de detenerlo en Dinamarca y que el Magistrado del Tribunal Supremo
que audita este caso diga que no pedirá la detención a la policía danesa porque
lo que quiere Puigdemont es que lo detengan para salir en los medios. ¿Pero en
qué quedamos: Se quiere o no se quiere detener a Puigdemont?
Y lo último es lo que ha dicho el
Ministro del Interior el Sr. Zoido que haría todo lo posible para que
Puigdemont no se presentara el próximo martes en el Parlamento Catalán y que
para ello se reforzarían fronteras y todos aquellos accesos por los que este 007
catalán pudiera entrar en Cataluña.
¡!Dios Santo¡¡. Con todas estas
declaraciones ya se hacen apuestas para ver quién gana en el caso que se
presente o no el Sr. Puigdemont en España.
Ahora se quiere hacer uso del
Constitucional y nos parece que puede ser un error porque puede dar lugar que
cuando a un gobierno sea del signo que sea no le guste una persona elegida por
los ciudadanos de una autonomía pidan la intervención del Constitucional o
apliquen el artículo 155 y poco a poco se vaya restando poder a los gobiernos
autonómicos en beneficio del centralismo.
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