El IBI es un impuesto que tenemos que pagar todos los españoles si no queremos que nuestro Ayuntamiento nos embargue el sueldo después de habernos recargado la cantidad.
Pues bien, según el Concordato con la Santa Sede del 3 de Enero de 1979, la Iglesia católica está exenta de pagarlo por los inmuebles que posea.
Dejando a un lado los templos que pueden ser exceptuados de este impuesto, si la Iglesia tuviera que abonar el IBI, le supondría a las arcas públicas no menos de 2000 a 3000 millones de euros de ingresos.
Pero tenemos ese Concordato que además deja muy claro que el dinero que les da el Gobierno por el Impuesto de Personas Físicas de la casilla en la que los católicos ponen la “X” no lo puede fiscalizar el Tribunal de Cuentas.
Los Obispos solo tiene la obligación de presentar una memoria sobre el uso que han hecho de los fondos públicos y pueden hacer uso de más de 250 millones de euros sin que nadie se entere en que se han empleado.
Pero lo más lamentable es que la Ley de Transparencia recién aprobada no tiene ningún apartado que controle a la Iglesia como hace con los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales.
Por si fuera también es cuenta del Gobierno – por tanto todos los españoles – lo que se paga cada año y que supone 109 millones de euros en los salarios a los docentes de Religión que enseñan la historia del Catolicismo en los colegios públicos.
Pero el dinero que ingresa la Iglesia de las limosnas de sus feligreses, que en algunos casos suponen millones de euros, como ocurre en la Catedral de Santiago con una recaudación de cuatro millones, nunca son declarados.
Nosotros no condenamos a la Iglesia por aprovecharse de un acuerdo Iglesia- Estado de hace 35 años y que diferentes gobiernos del PP y del PSOE no ha sido capaces de renegociar y que nos tememos que quienes ganen las Elecciones Generales en el mes de Noviembre tampoco serán capaces de solucionar, porque temen a las editoriales de los periódicos:” Con la Iglesia han topado”
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