PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El ex juez decano de Las Palmas de Gran Canaria Miguel Losada opinó este lunes que la presunción de inocencia del diputado de CC Esteban Bethencourt "ha quedado destruida, en principio", tras ser condenado por malversación de caudales públicos por un tribunal del jurado.
A lo más que puede llegar la apelación que ha realizado, es a una rebaja o a mantener la condena, nunca a dejarle como inocente.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de CC Esteban Bethencourt Gámez a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos.
El tribunal considera muy grave que la cantidad que malversó el ex alcalde fuera casi el presupuesto previsto por el Ayuntamiento para obras sociales que ascendía a 10.496.408 pesetas y las destinadas a indemnizaciones por razón de servicio de 11.126.832 pesetas
El Tribunal dice que aún habiendo restituida las cantidades que sumaban un total de 24.244 euros no se desaparece el delito y que solo afecta a la responsabilidad civil y por lo que entiende que la pena impuesta ha sido la mínima.
Bethencourt durante los meses comprendidos entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 cobró además en condición de diputado regional 1.120.000 pesetas (6.731 euros), pero, según el tribunal, no consta la existencia de incompatibilidad para la percepción de dichas cantidades y las recibidas del Ayuntamiento.
Por lo tanto, el Sr. Bethencourt debiera dejar sus cargos y esperar a la resolución de Tribunal Supremo entendemos nosotros, con esa actitud demostraría que está más cerca de la ley y de la democracia que dice defender.
Coalición Canaria, por medio de Don Paulino Rivero que cada vez que abre la boca consigue un titular de prensa, ha dicho que el pueblo y los partidos deben respetar la presunción de inocencia y nosotros pensaríamos como él si el Sr. Bethencourt no estuviera condenado por un Jurado Popular.
El ex alcalde de Valle Gran Rey deberá indemnizar al ayuntamiento. La sentencia le inhabilita durante diez años para ejercer cargo público. Puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En este País y sobre todo en nuestra Comunidad Autónoma nadie dimite aunque de imputado se llegue a condenado. Los políticos creen que tienen patente de corzo para hacer lo que quieren y seguir en sus cargos. Una solución podría ser que aquellos cargos públicos que resulten imputados por cualquier circunstancia dejen el cargo desde ese momento.
Además ¿ Qué ocurre con aquellos que cometen errores en el desempeño de sus cargos, cargan a las entidades de deudas y se marchan a sus casas tan tranquilos después de haber aumentado quizás sus patrimonios personales?
Debe existir una Ley que obligara a estos Sres. a devolver hasta el último euro aunque tuvieran que hipotecar su patrimonio.
El otro día me quedé sorprendido que en Cataluña un Sr. que estaba en la cárcel, saliera de ella imputado con cargos de malversación de caudales públicos previo pago de una fianza de 100 millones de las antiguas pesetas. ¿ Es lógico ? Nos parece que no.
Y volviendo al caso del Sr. Bethencourt, debe presentar su dimisión a todos sus cargos y esperar la decisión del Supremo. Y a Don Paulino que seguro que sabe mucho de otras cosas pero no de Leyes, que entienda que a un Sr. condenado ya le ha quedado destruida la presunción de inocencia.