La Ley de Tasas de Gallardón está causando graves problemas a aquellos que necesitan de la justicia y no tienen medios para pagar las llamadas tasas. Una ley que solo tiene un afán recaudatorio y que no hace excepciones con los colectivos maltratados por la crisis.Por ejemplo: Un jubilado que demande por la vía civil a un banco para recuperar unos ahorros de 100.000 euros, tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no.
Colegio de Abogados de Málaga ha calculado otros ejemplos significativos de la incidencia de las nuevas tasas:
En la jurisdicción civil, las tasas van, en primera instancia, desde 150 a 300 euros; en segundo instancia, otros 800 euros; y si se recurre ante el Tribunal Supremo, habrá que desembolsar otros 1.200 euros. Todo ello aparte de los gastos de abogado y procurador.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, los pleitos en primera instancia costarán entre 200 y 350 euros; la apelación, otros 800 euros; y acudir al Supremo, 1.200 euros. Por último, en la jurisdicción social, es decir, a la que acuden todos los trabajadores despedidos de sus empresas --una legión en los últimos tiempos--, la tasa ha quedado finalmente fijada --tras aceptar el Gobierno una rebaja instada por varios colectivos y grupos parlamentarios-- en 200 euros por el recurso de segunda instancia, y otros 300 si debe acudirse al Supremo. La primera instancia de este orden laboral, como el penal en todas sus fases, está exento de tasas.
Otros ejemplos:
- En el caso de un proceso monitorio civil en reclamación de 2.100 euros de cuotas de una comunidad de Propietarios, las tasas serían de 921 euros.
- En el caso de un proceso monitorio civil en reclamación de 2.100 euros de cuotas de una comunidad de Propietarios, las tasas serían de 921 euros.
- En un pleito contra una constructora sobre piso vendido sin licencia, con precio de 300.000 euros, la tasa en primera instancia sería de 1.800 euros.
- En el caso de un niño que muriese en un accidente de avión, la legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (de acuerdo a un caso real). La tasa por reclamar sería de 5.300 euros.
- Otro caso real : unos padres tendrían que haber abonado 11.300 euros al Estado en concepto de tasas por la reclamación de 600.000 euros de indemnización que hicieron para su hija, con gravísimos daños cerebrales causados por una negligencia médica en un parto, y a quienes sólo les dieron la razón en el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2002.El desglose de las tasas que habrían debido abonar es la siguiente: Primera instancia: 3.300 euros; apelación 3.800 euros; y casación 4.200 euros.
- El recurso contra una sanción leve de tráfico (multas de hasta 100 euros), implicaría una tasa judicial de 200 euros, es decir, el doble de la multa
- Para una sanción grave, de 200 euros, el impuesto sería del mismo importe que la multa (200 euros). En cuanto a las sanciones graves con detracción de puntos, la tasa se elevaría a 450 euros, es decir, un 225% del importe económico de la multa.
- En las sanciones de tráfico muy graves (multas de 500 euros) con detracción de puntos, la tasa será de 450 euros, es decir, algo menos que la multa.
- Los mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa (medioambiente, tributarias, o cese de actividades).
Gracias al Sr. Gallardón la justicia se nutrirá de un gran capital del que hasta este momento no se sabe donde van a emplearlo.
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