miércoles, 2 de agosto de 2017

NUEVOS CARGOS DE EMPRESAS PÚBLICAS.


Siempre hemos criticado que en un partido – sea el que sea -  emplee a sus dimitidos cargos en empresas públicas para que sigan manteniendo un salario de ricos.
Hoy nos tenemos que referir al Gobierno Andaluz regido por el PSOE, donde el último Consejo de Gobierno en Andalucía antes de las vacaciones ha dejado bien colocados a todos los miembros del Ejecutivo de Susana Díaz que salieron en la última crisis. La presidenta propició cambios en su gabinete inmediatamente después de perder las primarias para impulsar la gestión tras dos años de actividad empañada por su intento de saltar a Madrid. Todos esos ex consejeros menos uno han sido premiados con un sillón en una empresa pública.
Veamos donde han ido a parar cada uno de los que hasta el otro día eran consejeros de la Junta de Andalucía:
Aquilino Alonso ex consejero de Salud, licenciado en Medicina y Máster en Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales, se convierte en como director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía con un sueldo de 60.150 euros.
María del Carmen Ortiz, ex consejera de Agricultura y que  ocupó antes la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Ha sido diputada en el Parlamento andaluz, el Congreso y el Parlamento Europeo y también concejal en el Ayuntamiento de Almería. Suma muchos trienios ya en la vida pública y  ahora se ocupará la presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería.

Adelaida de la Calle ex consejera de Educación es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga y que ha preferido la presidencia de la Corporación Tecnológica de Andalucía que volver a su puesto en la Universidad de Málaga, donde fue rectora.
José Sánchez Maldonado ex consejero de Empleo, rector de la Universidad Internacional de Andalucía tras cesar en su cargo en junio. Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, fue también concejal en la capital malagueña y presidente de la Autoridad Portuaria de esta misma ciudad.
Emilio de Llera ex consejero de Justicia renunció a cualquier sillón público y a su acta de diputado para volver a ocupar su puesto de trabajo en la Fiscalía de Sevilla, donde había pedido una excedencia.
El régimen de incompatibilidades en Andalucía se endureció en 2005 en una ley que fue motivo de polémica entre los partidos políticos. Los altos cargos en la administración autonómica tienen régimen de dedicación exclusiva y no podrán volver a la actividad privada durante los dos años posteriores a su cese en el caso de asuntos directamente relacionados con el que cargo que hayan ejercido.
No pueden ocupar además cargos en empresas privadas que trabajen con la administración pública ni hacer tareas de asesoramiento. A cambio, tienen derecho a asignaciones económicas tras el cese. La ley señala que los ex consejeros tendrán derecho “durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado”.
Seguramente ese ha sido el motivo para que estos ex consejeros sean enchufados en empresas públicas, pero la verdad es que éticamente no resulta nada elegante.

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