miércoles, 1 de junio de 2016

GRIÑÁN Y CHAVEZ ANTE LA LEY.


Los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido imputados – investigados – por supuestos delitos de prevaricación continuada y al Sr. Griñán también por supuesta malversación de fondos públicos. El juez Álvaro Martín, que instruye la pieza política del caso de los ERE, da por terminada la investigación y procesa a 26 personas.

También procesa al ex vicepresidente Gaspar Zarrías, sólo por prevaricación y a la ex consejera Magdalena Álvarez, por el mismo delito. Los demás ex consejeros procesados son Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Agüayo a los que considera responsables de los supuestos delitos de prevaricación y malversación continuada.

El juez considera que han cometido la supuesta malversación todos aquellos que a partir de 2005 recibieron informes de la Intervención donde se advertía de las supuestas irregularidades en el procedimiento que se usaba para pagar las subvenciones.

Los imputados, se puede leer en el auto, "mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación".

El delito por el que están acusados Chaves y Griñán, un delito de prevaricación continuada, lleva como sanción la inhabilitación especial entre 12 y 15 años para ejercer cargos públicos.

Pero el juez imputa además a Griñán un delito de malversación de fondos públicos que si se demuestra que se ha producido de forma continuada o con grave daño a los intereses públicos lleva aparejada una pena de cárcel entre 6 a 8 años además de la inhabilitación absoluta por 15 a 20 años.

Entre los procesados se encuentran los tres ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Todos ellos participaron en la creación, gestión o concesión de ayudas a empresas, que supuestamente estaban en crisis, a través de la partida presupuestaria 31L, que se incluía en los presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento.

Empleo transfería el dinero a la Agencia IDEA, que abonaba las subvenciones, lo que supuestamente evitaba el control previo de la Intervención. Según la investigación estas ayudas se dieron al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta. En muchos casos no consta ni siquiera la solicitud de la subvención por parte del beneficiario ni tampoco la resolución de concesión.

Sin embargo el magistrado exculpa al presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel, que formó parte del Consejo Rector de la Agencia pública IDEA, el organismo pagador de las subvenciones. También salen de la causa el ex presidente de El Monte, José María Bueno Lidón y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz.

Como consecuencia de este litigio, los Sres. Griñan y Chavez han pedido la baja en el PSOE hasta ver solucionado su problema ante la justicia.

 

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