martes, 18 de marzo de 2014

PALO JUDICIAL AL PP EN LAS PALMAS.



Hoy, la Asociación de Vecinos Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria está feliz, después de una lucha contra el Ayuntamiento por la construcción de dos torres en unos terrenos junto al Canódromo

La Asociación de Vecinos Ciudad Alta, presentó una denuncia cuando el Ayuntamiento pasó el suelo del canódromo de urbano consolidado a no consolidado, avalando así la construcción de torres de viviendas en la zona.

Hoy y después de muchos recursos la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo decreta así la anulación del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000 y, consiguientemente, del Plan Especial de Ordenación "El Canódromo", del año 2003 y apoyado en el anterior.

La sentencia estima el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta, presentado cuando el Ayuntamiento pasó el suelo del canódromo de urbano consolidado a no consolidado, avalando así la construcción de torres de viviendas en la zona.

Aunque no haya desviación de poder, el Supremo le da la razón a los vecinos en cuanto a que la decisión del municipio no fue justificada porque no se motivó ni el plan, ni el cambio de categoría para el suelo.

Sin embargo, según la Sala, no se ha acreditado que esa actuación del Ayuntamiento responda a los fines que señalaron los recurrentes.

El Tribunal Supremo ha anulado el plan del llamado caso Canódromo por el que se permitió la construcción de dos torres de viviendas de 15 alturas en Las Palmas de Gran Canaria. La resolución revoca el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, cuando el ahora ministro José Manuel Soria, era alcalde del municipio. Este planeamiento avaló la construcción de las torres en el antiguo canódromo pese a que se trataba de un área de edificabilidad agotada.

Con esta decisión, el alto tribunal tumba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que desestimó la petición de los vecinos y por tanto, avaló la vigencia del planeamiento urbanístico.

Soria era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria cuando se aprobó el plan general de 2000. Sin embargo, fue su sucesora, Josefa Luzardo- también del PP - la que sacó adelante el plan especial que aprobó la construcción de dos torres de viviendas.

El actual alcalde de canarias, Juan José Cardona, del PP, está imputado por su presunta vinculación con el caso Canódromo.

El problema es grave si de esas dos torres, una está casi terminada y la otra en sus primeros pisos.

¿Quién abonará a la constructora si se tuvieran que demoler las obras?¿No tiene nada que decir el Alcalde Sr. Sr. Cardona, la Sra. Luzardo y el ministro Soria de sus responsabilidades en este asunto?

Con esta sentencia se demuestra que los políticos por mucho poder que puedan tener no son los dueños de los Ayuntamientos para hacer lo que les da la gana perjudicando a un colectivo vecinal. Pero como siempre ocurre, nadie dimite.

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