sábado, 29 de marzo de 2014

LA JUSTICIA ARGENTINA BUSCA LA VERDAD.



Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el de solucionar de una vez para siempre el problema de respetar y llevar a cabo la Ley de la Memoria Histórica. Pero como el gobierno del Sr. Rajoy no tiene ningún interés en este asunto y no digamos nada respecto a investigar a aquellos franquistas que se aprovecharon de sus cargos no solo para enriquecerse, sino para llevar a cabo acciones propias de la intervención de la justicia.

Tenía que llegar la justicia argentina para que todos esos elementos que hicieron uso de sus cargos para llevar a cabo acciones fuera de las leyes, sean hoy solicitados por la justicia argentina como imputados por sus actos durante el franquismo. 

Cinco ministros de Franco, denunciados. El Juzgado Número 1 de Buenos Aires adjuntará a la causa contra los crímenes del franquismo los nombres de Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, para los que se busca una imputación que avanza, según los impulsores del proceso, para los también ex miembros del Ejecutivo franquista Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Una petición que prosperó en los casos de los torturadores Jesús Muñecas y Juan Antonio González, alias Billy el Niño, cuya extradición decidirá la Audiencia Nacional los próximos días 3 y 10 de abril con la personación del Estado argentino.

Este paso, poco habitual, significa una muestra del compromiso de la República Argentina con la justicia universal, destaca el abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Carlos Slepoy. "El Estado argentino se puede convertir así en la voz de los querellantes", al incluirse en un proceso para el que la ley española sólo contempla la participación de los abogados de los acusados, la Fiscalía y el Estado solicitante.

Pero aunque el Gobierno de Rajoy por miedo a los chinos y sus represalias económicas haya derogado la justicia universal o la posibilidad de juzgar a aquellos indeseables que habiendo cometido delitos se les prohíba a los jueces juzgarlos debidamente, en Argentina, los jueces siguen intentando que el mundo y los españoles nos enteremos de quienes han sido muchos señores- si así se les puede llamar – que deben hacer frente a unos delitos cometidos en un régimen fascista y que ellos creyeron verse siempre acorazados.

Los ex ministros están citados en testimonios que suponen "dramas humanos que nunca debieron ocurrir y que siguen perfectamente impunes", según los impulsores de la Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Como los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 en que la Policía Armada causó cinco muertos y más de 150 heridos de bala, sólo meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y en plena transición española. Para desalojar a trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio obrero de Zumárraga, tras una jornada de huelga, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó contra las personas que abandonaban el edificio.

'Los cinco del 75'. Últimas ejecuciones del franquismo, últimos fusilamientos, 27 de septiembre de 1975. En Madrid, Barcelona y Burgos, fueron ejecutados tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot, alias Txiki, y Ángel Otaegui. La aplicación de la pena de muerte levantó protestas contra el Gobierno de España dentro y fuera del país, a nivel oficial y popular. Luis Eduardo Aute compuso, por estos asesinatos, su tema Al Alba.

Los ministros acusados son:

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923). Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. Profesor de Derecho Político en la Universidad de Madrid, letrado del Consejo de Estado, procurador en Cortes, secretario general técnico del Ministerio de la Gobernación. Ostenta condecoraciones como la gran cruz del Yugo y las Flechas, la del Mérito Civil, de Sanidad, de Cisneros y de Carlos III.

Director general de Administración Local (1973) y ministro de la Presidencia del Gobierno de la dictadura franquista (1974-1975).Diputado en la Legislatura Constituyente de España y en cuatro más por el Partido Popular (PP).

Firmó la sentencia de muerte por garrote vil de Puig Antich y las de los últimos fusilamientos del régimen fascista. Por estos crímenes, se le inculpa en los testimonios de los querellantes Merçona Puig Antich, María Vitoria Sánchez Bravo, Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco,

Licinio de la Fuente de la Fuente(Toledo, 1923). Estudió Derecho. Abogado del Estado, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Cáceres (1956-1960). Miembro del Consejo de Administración de empresas como Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc e Ibermutua. Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco junto a Augusto Pinochet Molina (nieto del dictador chileno) en ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012 bajo el lemaDerecho al Alzamiento.

Ministro de Trabajo (1969-1975), asumió las funciones de vicepresidente del Gobierno (1974-1975) siendo presidente Carlos Arias Navarro. En 1976 participó en la fundación de Alianza Popular (AP) y, más tarde, en la del PP.

Como parte del penúltimo Gobierno dictatorial, firmó la pena de muerte de Puig Antich. Citado como "colaborador necesario en su asesinato" por su hermana, Merçona Puig Antich.

Antonio Barrera de Irimo (Lugo, 1929). Licenciado en Derecho y Economía. Profesor de Hacienda Pública, comandante de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada, inspector de Hacienda y secretario general técnico del ministerio de Hacienda. En la empresa privada, miembro del consejo de Editorial Católica (EDICA), presidente de Telefónica (1964-1973) y Grupo SEMA, Corporación Financiera Hispamer, Compañía General de Aguas, consejero del Banco Hispano Americano y Explosivos de Río Tinto, Aluminio de Galicia, Urbis y Andaluza de Minas. En la actualidad, vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull y presidente de Autogrill España.

Ministro de Hacienda (1973). En el último Gobierno de Franco como jefe de Estado fue vicepresidente segundo. Dimitió en octubre de 1974.

Conoció y firmó la pena capital a Puig Antich. Aparece en la querella de Merçona Puig.

José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922). Licenciado en Derecho. Vicesecretario letrado del Banco de Bilbao, notario, director del Colegio Mayor Universitario San Pablo de Madrid, delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II y presidente del consejo de Administración de Informaciones.

Subsecretario del ministerio de Información y Turismo (1974) y ministro de Justicia (1975). Firmó las sentencias de muerte de los cinco últimos fusilados por el franquismo.

Imputado en las querellas de Flor Baena Alonso, María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda y otros

Y por último: Alfonso Osorio García (Santander, 1923). Licenciado en Derecho. Cuerpo Jurídico del Aire (es comandante auditor retirado), subsecretario de Comercio y presidente de RENFE. Más tarde, vicepresidente de la multinacional British Petroleum en España, presidente de Petromed, procurador en las cortes franquistas y Consejero del Reino. Caballero de la Orden de Malta y grandes cruces de Carlos III, Isabel la Católica, San Raimundo de Peñafort y Mérito Civil. Medalla de Oro de Cantabria (2011).

Ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro. Fundador de la UDE, integrada luego en UCD, por el que es elegido diputado en 1977. Pasa más tarde a AP, diputado también en 1979.

Imputado por la Asociación 3 de marzo Vitoria, Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio, por participar en los sucesos de 1976. Junto con Adolfo Suárez (ministro de la Gobernación interino a causa del viaje de Manuel Fraga a Alemania) y Martín Villa, deciden enviar refuerzos y la dirección de una operación que acabó con un balance de cinco muertos y más de 100 heridos


































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